¿Qué requisitos exige Pfizer a los gobiernos latinoamericanos en materia de garantías de compra?


Médico extrayendo la vacuna Covid-19 del frasco de vidrio y llenando la jeringa de inyección para la vacunación. Primer plano de la mano con guantes desechables de protección en el laboratorio y sosteniendo una botella de medicamentos para la vacunación. Mano con guantes quirúrgicos azules tomando la dosis de la vacuna sars-coV-2 del frasco con jeringa: concepto de prevención e inmunización.

¡¡¡Propiedad del Estado, embajadas y bases militares!!! Según una investigación periodística de la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ) y Ojo Público, la farmacéutica estadounidense ha pedido que se le exima de responsabilidad por las posibles consecuencias adversas con el uso de las vacunas.

Términos abusivos de Pfizer

Una publicación de la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ), en colaboración con el medio peruano Ojo Público, revela que la multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer impuso condiciones abusivas a los gobiernos latinoamericanos a la hora de negociar compras multimillonarias de vacunas Covid-19. Lea aquí.

Vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech

La investigación señala que se pidió a la empresa, entre otras cosas, que depositara como garantía activos estatales de los países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas bancarias estatales. Esto como forma de protección frente a posibles demandas por posibles resultados no deseados tras la aplicación de las dosis. En respuesta, una fuente anónima describió la postura de Pfizer como "intimidación de alto nivel".

Una demanda extrema

El caso de Argentina, donde se rompieron los diálogos, fue uno de los más llamativos. Aunque es habitual que los fabricantes de vacunas impongan condiciones para liberarse del mayor número posible de obligaciones legales, el gobierno de Alberto Fernández dijo que la empresa estadounidense se pasó de la raya.

"En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer siguía exigiendo más".

En junio se iniciaron las conversaciones y el Congreso aprobó una ley especial para indemnizar a Pfizer en caso de demandas civiles, a petición de la otra parte. La clase política argentina también consideraba que la empresa debía responder en caso de litigios basados en la negligencia o el dolo, a lo que el grupo privado se oponía. "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer siguió exigiendo más", dijo un funcionario argentino al citado medio.

Entre las exigencias inesperadas, la farmacéutica pidió al país que contratara un seguro internacional para cubrir posibles conflictos. Y en diciembre llegó la condición que acabó por desbaratar las negociaciones: exigían que Argentina pusiera sus activos como garantía, que podían incluir bienes inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. "Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando tuvimos que negociar la deuda externa, pero en aquel caso, como en éste, la rechazamos inmediatamente", comentó un miembro del gobierno peronista.

El entonces Ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado públicamente: "Pfizer se ha portado mal con Argentina". De hecho, el país sudamericano fue utilizado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy, debido a la falta de acuerdo, la ciudadanía no puede contar con este producto para combatir la pandemia. Lea aquí.

Exigencias abusivas

Según la publicación, se produjo un conflicto similar durante las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al "gigante de Sudamérica" se le dijo que, además de sus activos estatales, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria extranjera para crear otro fondo de garantía. Estas exigencias fueron definidas como "abusivas" por el Ministerio de Salud. Asimismo, el regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra fue bloqueada.

En todo caso, en América Latina y el Caribe, Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no fueron revelados.

Las quejas de varios políticos latinoamericanos

Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que, a pesar del acuerdo alcanzado, las propuestas de Pfizer eran diferentes a las de otros laboratorios. Por ello, las negociaciones del acuerdo de compra de 9,9 millones de dosis -se requieren dos solicitudes- duraron más de seis meses bajo acuerdos de confidencialidad. Finalmente, el precio de cada inyección se fijó en 12 dólares, es decir, 24 dólares por la vacuna completa.

"Un Estado no suele someterse a que otro Estado pueda decidir sobre el embargo de sus bienes"

Por otro lado, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que, en caso de litigio, otra jurisdicción pudiera ejecutar las decisiones de un tribunal arbitral. "Un Estado no suele someterse a que otro Estado pueda decidir sobre el embargo de sus bienes", afirma el abogado especialista Eduardo Iñiguez.

En este contexto, varios políticos latinoamericanos se han quejado de la supuesta mala fe de la empresa en las negociaciones con los países subdesarrollados. Cuando se le preguntó sobre la investigación, Pfizer dijo: "A nivel mundial, también hemos proporcionado dosis a los países de bajos y medianos ingresos a un precio sin fines de lucro, incluyendo un acuerdo con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021."

Mientras tanto, esta empresa espera vender este año vacunas contra el coronavirus por valor de $15 mil millones. BioNTech, socio de Pfizer, ya ha recibido unos $445 millones de financiación del gobierno alemán.